El miércoles 20 de septiembre, el ojo del huracán María trazó una diagonal sureste-noroeste a través de la isla de Puerto Rico. Llegó poco después de las seis de la mañana, cerca del puerto de Yabucoa. Las ráfagas de viento alcanzaron un máximo de 155 millas por hora, doblando las palmeras como si fueran juncos y arrancando otras de raíz. El centro de la tormenta medía entre 50 y 60 millas de ancho, más de la mitad de la longitud de la isla. Viajó a un ritmo pausado de unas diez millas por hora y mantuvo su desplazamiento sobre el centro montañoso de la isla hasta muy entrada la mañana del día siguiente. El viento arrancó cientos de torres de transmisión eléctrica e hizo volar algunas de éstas a través del aire. Cayeron capas de tierra desde las laderas, destrozando casas y borrando carreteras. El saldo de muertes comenzó inmediatamente: en el pueblo de Utuado, un deslizamiento de tierra atravesó la pared de una casa en donde se refugiaban tres hermanas de edad avanzada, enterrándolas vivas. La red eléctrica de la isla y las redes de telefonía móvil dejaron de funcionar. En la sede de la ya en bancarrota empresa eléctrica de la isla, el generador de respaldo se dañó, al igual que el servidor de la computadora principal, cortando la posibilidad de comunicación incluso al director ejecutivo. Durante las próximas horas, los niveles más altos del gobierno de Puerto Rico se paralizaron, mientras los funcionarios luchaban por conseguir información precisa. Pero la magnitud de lo que había sucedido se fue revelando rápidamente y los cuerpos comenzaron a acumularse más allá de la capacidad de las morgues fétidas y oscuras.

Mientras tanto en Centro Médico, el hospital más grande y sofisticado de Puerto Rico, María arrancó parte del techo e inundó la unidad de cuidados intensivos neonatales durante esas primeras horas, forzando la evacuación de los recién nacidos a otro piso. Al mismo tiempo, los ingenieros a cargo de la planta eléctrica de la sala de emergencia oyeron un fuerte estruendo. Afuera, el viento había levantado un árbol de la acera de cemento y lo había arrojado sobre el techo de la sala de calderas, destrozando el orificio de escape de un generador de diesel Caterpillar 3512. Este era uno de los tres generadores, cada uno del tamaño de una camioneta familiar, que conformaban el sistema de respaldo para apagones temporales. El Caterpillar 3512 comenzó a sobrecalentarse. Los ingenieros tuvieron que apagar el interruptor y desconectarlo. Dos generadores eran suficientes para alimentar el edificio, pero habría que apagarlos regularmente para dar mantenimiento. Un generador solo alcanzaba para los sistemas más críticos y esenciales. Habría que prescindir de los enfriadores del sistema de aire acondicionado. También de las computadoras, de todos los ascensores menos uno, de la mayor parte de la iluminación del techo y de muchos de los enchufes eléctricos.

En menos de cuatro días cayó el equivalente a seis meses de lluvia. En el oeste de la isla, el diluvio agrietó el desagüe debajo de la represa de Guajataca, lo que provocó que el gobierno ordenara la evacuación de 70,000 personas que vivían aguas abajo. En el municipio de Aguada, el río Culebrinas se salió de su cauce y ahogó a dos policías. Más cerca de San Juan, las lluvias desbordaron el río La Plata a través de las puertas abiertas de la represa, e inundaron los canales alrededor de las llanos y cañaverales del municipio de Toa Baja. Atrapados en los techos y segundos pisos de sus casas inundadas, los residentes observaban los torrentes de agua formar rápidos sobre los autos y las copas de los árboles. Cerca del centro del pueblo, un hombre que vivía solo salió a comprar cigarrillos y el agua fangosa se lo llevó. Un oficial de la policía lo encontró la mañana siguiente, su cuerpo inmovilizado contra una cerca de alambre. Un segundo hombre se ahogó al otro lado del río. Un tercero murió a una o dos millas de distancia, en su bañera, aparentemente de un ataque al corazón.

Esa mañana, Carmen Chévere Ortiz, una gerente de farmacia de 41 años de edad, miró por la ventana de su casa de dos pisos en el barrio Villa Calma de Toa Baja y vio el patio vecino bajo varias pulgadas de agua. Chévere Ortiz, conocida como Milly, vivía con su madre, una hija y cinco hijos varones. Ella recordó cuando el huracán David azotó el vecindario en 1979 y su padre la había cargado bajo el brazo derecho mientras huían. Aquel día, el agua había sido lo suficientemente alta como para que salpicara contra la planta de sus pies. Este lugar se inunda, pensó. Agarró las llaves del carro y reunió a su familia. Afuera, el agua–que ya alcanzaba la parte de arriba de las ruedas traseras de su RAV-4–apestaba a alcantarillas. Corriendo hacia la calle, gritó por las ventanas: “¡Se creció el río! ¡Salgan! ¡Salgan!”

Al llegar a la autopista, Milly vio que el agua del mar, azotada por los vientos, entraba por el norte desde el Atlántico y se unía a las aguas del canal que se subían desde el sur. Las hileras de casas detrás de ella parecían islas en un lago fangoso. Decidió que Villa Calma tendría que buscar refugio dentro de la escuela del barrio, un edificio de dos pisos rodeado por cercas cerrados con portones pesados.
Una multitud se reunió alrededor de los portones. Algunos temían que la escuela era propiedad del gobierno. “Que se joda”, dijo Milly, “prefiero que me arresten”. Ella conocía la ley; tenía un título en justicia penal y había trabajado durante muchos años como guardia de seguridad. Agarró el gancho de una grúa roja que estaba estacionada al lado y comenzó a estrellarlo contra las cerraduras. Los portones se abrieron y docenas de vecinos de Villa Calma se refugiaron dentro de la escuela, empapados por la lluvia y temblando por el viento. También llevaron sus animales. Al caer la noche, había 16 perros, dos gatos, un cerdo y media docena de caballos dando vueltas en el patio. Adentro, los refugiados dieron a la escuela el nombre de El Arca.

En ese primer día, mientras el huracán María bramaba aún con fuerza apocalíptica, la destrucción de la isla era inminente y espantosa — resonaba para cualquiera que hubiera visto un tornado arrancar los techos de una ciudad de Oklahoma o para quienes habían visto las inundaciones en Houston apenas unas semanas antes. Es cierto que en 2005, durante el golpe del huracán Katrina en Nueva Orleans, murieron más de 1.800 personas. Muchas de ellas se ahogaron en los barrios más pobres de la ciudad, cuando éstos quedaron sumergidos debido al colapso de los diques y los muros de contención. Como Puerto Rico tiene menos áreas llanas, el número de muertes inmediatas de María fue sustancialmente menor.

Sin embargo, la población de 3,4 millones de Puerto Rico es más vulnerable, y cuenta con una infraestructura más débil que cualquier otra parte de Estados Unidos. El ingreso per cápita de la isla es de $ 11,688, casi la mitad que el más pobre de los 50 estados. El gobierno local ha permitido el deterioro de las carreteras, los servicios de emergencia y la red eléctrica, mientras lucha por cumplir las inalcanzables obligaciones de su deuda y las medidas de austeridad impuestas por el gobierno federal. Estos dos factores (pobreza e infraestructura decadente) se sumaron a la tormenta para desencadenar un segundo desastre, completamente fabricado por el hombre y mucho más mortífero que el mismo huracán.

El 29 de diciembre se cumplieron 100 días desde que la tormenta devastó la isla, y parece que al menos la mitad de la población de Puerto Rico aún no contaba con electricidad. El daño causado por la interrupción eléctrica prolongada es aún más grave en los hospitales. Un estudio a partir los apagones eléctricos en Ghana durante un período de cinco años encontró un aumento de 43 por ciento en la mortalidad de los pacientes durante los días que un establecimiento de cuidado de la salud pierde energía por más de dos horas. Pero la falta de electricidad causa problemas para toda la sociedad: más estrés, más enfermedades, más accidentes. En los países en desarrollo, el consumo de electricidad está directamente relacionado a menor mortalidad infantil, mayor esperanza de vida y mayor rendimiento económico. El 14 de agosto de 2003, un solo día sin electricidad en la ciudad de Nueva York causó un incremento de 28 por ciento en la mortalidad general.

Los efectos que desencadena un apagón a largo plazo pueden ser mortales en formas que resultan difíciles de medir directamente. La falta de electricidad implica que las estaciones de bombeo no pueden llevar agua potable a zonas elevadas. Significa la ausencia de formas electrónicas de comunicación, lo que obliga a comunidades enteras a resignarse a la información que reciben de boca en boca. Significa que no hay calefacción eléctrica, ni aire acondicionado, ni refrigeración. Significa ducharse con agua fría tres veces a lo largo de la noche, para que el cuerpo se enfríe lo suficiente y poder conciliar el sueño. Significa comprar hielo por kilo para almacenar comida e insulina. Significa una mayor incidencia de accidentes por quemaduras y explosiones, causados por el uso de velas, gas propano y lámparas de aceite. Significa que los pocos que pueden pagarlos, comprarán generadores eléctricos mientras el resto de la población desaparece en la oscuridad.

Indiscutiblemente, todo esto ha provocado cientos y cientos de muertes adicionales. Luego de meses de insistir en una cifra de dos dígitos increíblemente baja, e ignorando sus propias estadísticas oficiales, el gobernador de Puerto Rico anunció a mediados de diciembre que se realizaría una revisión de las muertes post-María atribuidas a causas naturales. Entre las muertes que aún esperan ser sumadas al recuento oficial está la de una residente de un pequeño hogar de ancianos fuera de San Juan que, según el relato de un empleado, de alguna manera se estranguló con sus tubos de oxígeno, unas cuantas horas después de que se fuera la luz. La policía identificó el caso como suicidio. (Según informes policiales, la tasa de suicidios desde María llega a ser de uno por día, casi el doble de lo usual). Además está el paciente que murió en la sala de emergencias de un hospital en Aguadilla, pocos días después de la tormenta. No había aire acondicionado. De acuerdo con los médicos visitantes, su muerte fue resultado del calor sofocante. Aún así, la lista oficial de muertes relacionadas a la tormenta divulgada por el gobierno no atribuye ni una sola de éstas al problema del calor.

Varios medios de comunicación han calculado que la cifra de muertos por el huracán María excede los 1,000. The New York Times identificó un aumento de 1,052 muertes solo durante los primeros 42 días al revisar los datos de mortalidad de años anteriores. Seguramente, esta cifra también es un ajuste de cuentas incompleto. Aunque el gobierno federal ha reducido sus ayudas de emergencia y ha retirado de la isla tanto personal como maquinaria, se espera que algunos hogares seguirán sin electricidad durante meses. Los expertos advierten que, con la creciente población de mosquitos y la falta de agua potable, Puerto Rico corre el riesgo de sufrir una epidemia. Aunque la respuesta generalizada de Donald Trump ha sido ignorar el problema, su presidencia enfrenta una tragedia histórica. Ya cuando la isla vuelva a la normalidad, es posible que María haya superado a Katrina para convertirse en el desastre natural más mortífero en la historia contemporánea del país.

El 22 de septiembre, Pedro J. Reyes Martínez, un cirujano ortopédico de 58 años, se presentó a trabajar en Centro Médico y encontró caos en el hospital. Centro Médico es un complejo con más de 1,000 camas distribuidas en seis hospitales. El edificio principal de emergencias y traumatismos, llamado ASEM, con 230 camas, estaba operando con un solo generador Caterpillar. La mayoría de las luces estaban apagadas. Tres de los cuatro ascensores seguían sin funcionar. Unos pocos enchufes rojos de emergencia, conectados a pacientes críticos, proporcionaban energía. El edificio estaba demasiado caliente y húmedo para que Reyes Martínez pudiera realizar cualquier operación. Regresó el día 26 para encontrar a 57 pacientes esperando cirugía; él se encargó de cuatro de ellos. “Ya no quedaba equipo estéril”, me dijo. “Con una instalación adecuada, podría haber hecho diez o 15 operaciones”.

Reyes Martínez llama a ASEM “la red de seguridad para toda la isla”. Durante los primeros nueve días después del huracán, me dijo, solo dos de sus 18 quirófanos estaban funcionales, principalmente debido a la falta de aire acondicionado. Regresó nueve días después para descubrir que casi nada había mejorado. Recuerda haber realizado cirugías a cinco pacientes, menos de la mitad de lo que habría sido capaz bajo condiciones normales. Al mismo tiempo, al hospital llegaban más personas con fracturas (de muñecas, hombros, caderas), accidentes que habían ocurrido mientras la gente intentaba aclimatarse a la oscuridad de las carreteras y en sus hogares. “No se puede tener al principal centro de salud de Puerto Rico, que atiende a 3.5 millones de personas, sin una fuente confiable de energía durante todo un mes”, afirmó.

Jorge Matta González, director ejecutivo de Centro Médico, había solicitado al Departamento de Salud y Servicios Humanos el envío de un generador de respaldo para ASEM el 22 de septiembre. La fecha de la solicitud de Centro Médico aparece en documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos. obtenidos por ProPublica. También me la confirmaron tanto el personal del hospital como el Capitán Chester Kraft del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El Cuerpo de Ingenieros, dijo, inspeccionó la planta de ASEM el 24 de septiembre y no hizo nada, porque dos de los tres generadores estaban trabajando. “No consideramos que fuera una necesidad crítica”, afirmó. Thomas J. Field, un vocero de la unidad de restauración de energía del Ejército, me dijo: “Solo porque pidas algo no significa que lo vayas a conseguir. FEMA tiene una responsabilidad con el contribuyente”.

A medida que el servicio eléctrico de Centro Médico, administrado por PREPA (la afligida empresa eléctrica de Puerto Rico), volvía a estar en línea más adelante la primera semana, los apagones intermitentes en los quirófanos continuaron. Cada vez que el hospital perdía energía de la PREPA, se oscurecía por completo durante uno o dos minutos mientras el sistema cambiaba a los generadores diesel. La energía de PREPA era tan inconsistente que Juan Robles González, el ingeniero a cargo de la planta de energía de ASEM, finalmente decidió depender de los dos generadores y usar la energía de la red como respaldo.

La respuesta del gobierno federal a la crisis en Centro Médico fue lenta, pero el hospital era demasiado grande e importante para ignorar, eventualmente sus generadores recibieron suficiente diesel. En otras partes de la isla, sin embargo, muchos hospitales pequeños sufrieron la falta de energía y la disminución de los suministros de alimentos, agua y medicinas. Seis hospitales cerraron por completo. En Arecibo y Aguadilla, al menos dos centros de salud supuestamente operaron durante semanas sin nada de electricidad. Un médico radicado en Florida que visitó el hospital de Aguadilla contó que las temperaturas en la sala de emergencias alcanzaban los 97 grados Fahrenheit, y que, más tarde, el hospital tuvo que cerrar por crecimiento de hongos. Los hospitales que tuvieron la suerte de estar equipados con generadores confiables buscaban desesperadamente suministros de diesel. Frente a la situación de cupo lleno de las morgues, el Ejército estableció Sistemas Integrados Móviles de Recolección de Restos (MIRCS, por sus siglas en inglés) en el campo de batalla, en hospitales de San Gérman, Ponce y Fajardo, donde las instalaciones verde olivo permanecieron durante más de una semana.
Poco después de la tormenta, la Dra. Antonia Novello, ex cirujana general de Estados Unidos nacida en Fajardo, comenzó a recorrer las instalaciones médicas de la isla con la 101.ª División Aerotransportada, reabasteciendo hospitales y vacunando a la mayor cantidad posible de niños y pacientes. “Tuvimos todas las condiciones para una epidemia”, me dijo. “Agua estancada, mosquitos, historial de dengue, chikungunya y Zika”.

Incluso cuando las condiciones se fueron estabilizando en Centro Médico, aumentaron los riesgos para la salud. Tuve la oportunidad de hablar con varios médicos que trabajaron allí durante las primeras semanas después del huracán y todos describieron a un personal médico en lucha por brindar atención competente en condiciones muy deterioradas. La mayoría recuenta que la electricidad falló al menos diez veces por media hora o más tiempo durante el primer mes. “Los pisos resbalaban”, me dijo uno. “Los pacientes estaban sudando. Era el ambiente perfecto para el crecimiento de bacterias. Tú tratas de hacerlo lo mejor posible bajo estas condiciones, pero simplemente no es posible.” Otra persona me dijo: “Se fue la luz y subió la temperatura. Se perdieron las condiciones de asepsia. Y los doctores hicieron sus operaciones de todos modos porque era lo que tenían que hacer”. Pregunté si algunos pacientes habían muerto debido a las intermitencias en el servicio eléctrico. El Dr. Carlos Gómez, director de la sala de emergencias de ASEM, lo negó enfáticamente. Pero otro médico estimó que los cortes de electricidad relacionados con el huracán María habían causado la muerte de 15 pacientes. Estaban “en muy malas condiciones”, reconoció. “La falta de electricidad los empujó por el acantilado”.

En todo Puerto Rico, las personas improvisaron soluciones a sus problemas, tratando de proveerse unos a otros los servicios básicos que los estadounidenses normalmente esperan de su gobierno durante una crisis. Especialmente fuera de San Juan, los puertorriqueños y las puertorriqueñas empezaron a reconstruir puentes y despejar caminos. Pero primero, muchos se dedicaron a la tarea aún más urgente de rescatar a sus vecinos.

En Toa Baja, a poca distancia del Arca por la carretera, Ernesto Matos Santana, un pescador de 79 años conocido como Teté, experimentó el período después de María con la ventaja de que nunca había querido instalar electricidad en su casa. (Creía que prender las luces por la noche era una invitación a que la gente viniera a molestar). Pero mientras la mitad de Toa Baja se encontraba bajo agua, con la caída de la noche a pocas horas, ni el alcalde ni la policía habían conseguido ni una sola embarcación. Teté decidió salir en su bote de remos y ver a quién podía ayudar. El viento todavía era muy fuerte, —más de 50 millas por hora, pensaba— y trató de anticipar los obstáculos que podrían estar ocultos directamente debajo de la línea de agua. Le preocupaban especialmente las líneas eléctricas y si todavía estaban vivas, ya que estaba al tanto de que su barco conducía electricidad. (Cuando pescaba en el mar durante alguna tormenta eléctrica, solía salir del bote y nadar a la par, a veces por más de una hora).

Teté pronto encontró personas acurrucadas los techos y balcones de los segundos pisos. “¿Necesitan ayuda?”, gritaba. Podía acomodar a cinco o seis personas en el barco a la vez y remar hasta la carretera, donde el agua sólo llegaba a la altura de la cintura. Lo abrazaban y le agradecían profusamente. Luego volvía a buscar a más personas. Cuando se cansaba, tomaba siestas cortas en su casa. Cuando las aguas al fin retrocedieron 60 horas después, Teté había transportado a 15 familias desde sus hogares hasta la carretera.

“Tenemos que ayudar a quien necesita ayuda”, dijo Teté. “Porque son mi gente. Se puso tan oscuro allí que la gente decía que estaba muerto. Todavía hay personas que piensan que estoy muerto”.

Algunos de los vecinos rescatados por Teté llegaron hasta la escuela, donde la gente pronto comenzó a tener hambre. ” No va a venir nadie a buscarnos”, decía Milly, mientras se acurrucaba allí junto a varias docenas de vecinos. Irrumpió en la cocina y encontró latas de atún, pan, leche fresca y seis cajas de agua. Después de comer, abrieron los salones para buscar lugares donde dormir. Milly asignó 20 personas y un capitán por cada salón. Un hombre enfermo fue llevado flotando en un colchón inflable.

Al caer la noche, las personas mayores empezaron a sentir frío. Arrancaron las cortinas de las ventanas para arroparse. Kenny, el hijo de Milly, sacó una olla grande de la cocina, la llenó con trozos de cartón y desinfectante para manos y prendió fuego. Milly no durmió en toda la noche. Se sintió agradecida de que la peor parte de la inundación había sucedido bajo la luz del día. Si hubiera llegado durante la noche, ella piensa, miles de personas habrían muerto en sus camas. Recorría los pasillos de la escuela y seguían llegando más personas, muchas de ellas desconocidas. Llenó más salones, asignó nuevos capitanes, creó un registro. Por la mañana, había cerca de 200 nombres.

Al día siguiente, algunas personas se aventuraron al otro lado de la calle hacia una pizzería que tenía un teléfono fijo que estaba funcionando. Hicieron llamadas de larga distancia para dejar saber a sus familias que estaban vivos. Otros salieron de la escuela en kayaks para recoger agua y comida de sus propias casas. No tenían idea de cuánto tiempo iba a pasar antes de que llegara la ayuda. “Estábamos preparados para morir”, me dijo Milly.

Al tercer día, un convoy de camiones de carga pasó por el pueblo, con las ruedas sumergidas en casi un metro de agua. No tenían la intención de detenerse en Villa Calma, pero la gente de la escuela bloqueó el camino y los obligó a llevarse a algunos de los ancianos y niños. Al quinto día, llegó el alcalde. Todavía habían alrededor de 200 personas en la escuela, y dijo que quería que permanecieran juntas, con Milly como su líder, pero que necesitaban mudarse a otro refugio a varias millas de distancia. Aproximadamente 70 personas optaron por quedarse. A las demás, las llevaron a un refugio oficial en una cancha de baloncesto sin paredes. Los baños tenían poca privacidad y no había agua corriente. Milly pasó la mayoría de las noches en su automóvil, tratando de mantenerse despierta y vigilando por si había problemas. Conoció al comandante Mark East, un capellán del Ejército estacionado en Fort Buchanan, y lo convenció de brindar servicios religiosos a su comunidad en su tiempo libre. “Ella me dijo que después de esto, las personas iban a necesitar algo para su alma”, me contó East. En más de una ocasión Milly guió su carro hasta Walgreens, compró lo que los refugiados de Villa Calma necesitaban (especialmente pañales) y pagó de su bolsillo. La mayor parte del grupo de Villa Calma durmió en la cancha de baloncesto durante tres semanas.

Octubre

El presidente Trump hizo su primera visita para examinar los daños el 3 de octubre. Sentado junto al gobernador Ricardo Rosselló, usó una de las primeras cifras oficiales de las muertes, 16, para restar importancia al evento. “Odio decírtelo, Puerto Rico, pero has arruinado un poco nuestro presupuesto”, dijo. (“I hate to tell you, Puerto Rico, but you’ve thrown our budget a little out of whack”.)
Puerto Rico es, por mucho, el más grande de los “territorios no incorporados”, eufemismo utilizado para nombrar las colonias americanas del Pacífico y el Caribe. Le pertenece, pero no figura entre, los Estados Unidos. Los puertorriqueños no pueden emitir votos para la presidencia, ni puede votar en el pleno del Congreso su “comisionado residente.” Y, sin embargo, es el Congreso el que tiene la autoridad final sobre Puerto Rico.

En 1899, a menos de un año de que Estados Unidos conquistara la isla en la Guerra Hispanoamericana, Puerto Rico fue golpeado por un huracán llamado San Ciriaco. La tormenta se parecía mucho a María: fuertes vientos, lluvias, inundaciones y una ruta devastadora que atravesaba la isla de lado a lado. “Hemos aceptado a estas personas como nuestra parte de la carga”, escribió el comandante John Van Hoff, director de los esfuerzos de ayuda oficiales, en una carta al gobernador militar de Puerto Rico. “Las mantendremos vivos; las conduciremos lentamente, gentilmente, hacia la luz”. A veces, el racismo era aún más explícito —el gobernador había llamado a los puertorriqueños “una horda de seres humanos … a pocos pasos apenas de un estado primitivo de la naturaleza”—, pero la respuesta federal fue indudablemente masiva. Al décimo día después de San Ciriaco, un barco de carga estadounidense llegó a San Juan con 1.2 millones de libras de comida y 19,000 libras de suministros. El esfuerzo de ayuda federal se mantuvo constante durante los próximos diez meses.

En el 2017, por el contrario, los esfuerzos de ayuda post huracán tardaron en arrancar. Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan y crítica expresa del presidente Trump, afirmó que “durante las primeras tres semanas la respuesta fue inexistente. Recibí mis primeras 12 paletas de alimentos de FEMA el 12 de octubre. ¿Qué hace uno con 12 paletas de comida y agua en una ciudad de 350,000 personas?”

Pasaron dos semanas antes de que USNS Comfort, un barco hospital con capacidad de 1,000 camas, llegara a Puerto Rico gracias a que un tweet de Hillary Clinton y una petición de change.org ejercieran presión sobre Trump para movilizarlo. Incluso después de su llegada, la confusión y la mala administración burocrática limitaron el número de pacientes internados en el Comfort a un promedio de seis por día, según The Times.

No hay prueba más clara del valor que Trump da a Puerto Rico que la cifra de personal federal, militar y de la Guardia Nacional que fue enviado para mejorar las condiciones sobre el terreno. En agosto, una semana después del impacto del huracán Harvey, Trump había enviado 31,000 personas a Texas. Una semana después de que el huracán Irma tocara tierra en el sureste de los Estados Unidos, había 40,000 personas en el terreno. Para María, la mano de obra federal apenas llegó a 15,000. Y el 24 de octubre, cuando Trump firmó un paquete de ayudas para desastres de 36.500 millones de dólares, a Puerto Rico específicamente solo se destinaron 1.200 millones de dólares.

Pero la parsimonia del gobierno federal hacia Puerto Rico va más allá de la administración actual. En las últimas décadas, Puerto Rico se ha convertido en un paraíso fiscal ultramar, al mismo tiempo que el gobierno de la isla continúa luchando con una deuda masiva. Un informe sobre PREPA publicado el año pasado calificó la utilidad como “una emergencia en la actualidad”. “Los sistemas de distribución de la AEE”, según el informe, “se están desmoronando literalmente: se están agrietando, corroyendo y colapsando”. En 2016, con cerca de $70 mil millones de la deuda pública puertorriqueña a deuda pública puertorriqueña calificados de bonos basura, el presidente Obama firmó una ley que pone el presupuesto de la isla bajo la administración de una Junta de Control Fiscal de austeridad. Siete de sus ocho miembros son nombrados por el presidente. En Puerto Rico, a ésta se le conoce como la junta.

Quizás los estadounidenses del área continental hubieran estado más alertas ante la crisis que se desarrollaba en Puerto Rico si el estimado del gobierno de la cifra de muertes provocadas por el huracán no se hubiese estancado en un número menor a los 50. La tasa de mortalidad general de la isla, según registrado por el departamento de salud local, aumentó aproximadamente un 20 por ciento entre septiembre y octubre. La brecha entre el recuento oficial de cuerpos y la realidad en el terreno puede haber obstaculizado los esfuerzos de salud pública durante las secuelas del huracán. “La respuesta no ha sido adecuada”, dijo Jeremy Konyndyk, que supervisó la ayuda estadounidense en 2013 después del tifón de Filipinas, el brote de ébola de 2014 y la guerra civil de 2014 en Sudán del Sur. “A menos que el gobierno tenga una idea de la cantidad real de muertos”, me dijo, “algo realmente malo puede pasar debajo de tus narices sin que se sepa”. Tomando en cuenta que Puerto Rico enfrenta dificultades con el suministro de agua limpia y vacunas, saber cuántas personas están muriendo en tiempo real puede hacer la diferencia entre un brote y una pandemia.

Nieves Bauzó Otero, un embalsamador profesional dueño de una funeraria en San Juan cerca de Centro Médico, experimentó un aumento en el negocio que supera las estadísticas oficiales. Durante un mes normal, Bauzó Otero recibe cinco órdenes de la ciudad para embalsamar un cuerpo. En el mes de octubre, tuvo 20.
Inmediatamente después del huracán, en otro pueblo hizo en una semana el negocio de un mes. “No creo que sean solo 50 o 60”, dijo. “Lo he visto, en el instituto, en las morgues del hospital, en las comunidades”. Durante los primeros días, cuando guiaba al Instituto de Ciencias Forenses en San Juan, contó que se sumaba a una fila de camionetas que se alargaba subiendo la colina hasta la estación de tren, todas provenientes de funerarias y crematorios, llevando a los muertos.

A fines de octubre se hizo evidente que el aumento de la mortalidad en toda la isla era impulsado por números inusualmente altos de muertes entre las personas mayores, en hogares de ancianos y en hospitales. The Times informó sobre la muerte de Harry Figueroa el 4 de octubre, un hombre de 58 años que había pasado dos semanas sin la máquina de oxígeno que usaba para dormir. En un refugio de Lajas, según el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, Leovigildo Cotté, padre de un ex alcalde de la ciudad, murió por falta de electricidad y oxígeno. La familia de Isabel Rivera González, de 80 años de edad, dijo a CNN que la anciana había muerto a la espera de un procedimiento crítico en un hospital donde falló el generador de respaldo. En otros lugares, las fallas de los generadores resultaron en que fuera necesario bombear aire manualmente en los pulmones de pacientes con respiradores mecánicos. Uno de los médicos que estuvo presente me contó que al menos dos pacientes murieron en un hospital cerca de San Juan por falta de personal suficiente para operar las bombas.

A los 42 días del huracán, habían fallecido 3,660 personas mayores de 60 años, en contraste con los 2,760 que habían muerto durante el mismo período el año pasado. Las muertes registradas en los hospitales aumentaron en un 26 por ciento; las muertes registradas en asilos, casas de retiro y centros de cuidado a largo plazo aumentaron en un 65 por ciento. La alcaldesa Carmen Yulín Cruz me habló de un hospital del área de San Juan que buscaba transferir urgentemente a más de una docena de pacientes con respiradores. También dijo que no sabía a dónde habían ido a parar. En Toa Baja, según el alcalde Bernardo Márquez García, el municipio hizo un envío de emergencia de combustible a un centro de diálisis y un asilo de ancianos. Las dos clínicas de emergencias de Toa Baja tuvieron que cerrar, dijo Márquez García. Sus pacientes fueron trasladados a hospitales cercanos en el municipio de Bayamón. “Luego se negaron a admitir a más pacientes de Toa Baja”, dijo. Se quedó en silencio por un momento largo, luego comenzó a llorar.

“Si tienes un paciente postrado en cama que no tiene electricidad, no tiene agua, y desarrolla una úlcera, un paciente que no puede ir a un hospital porque perdió su automóvil, porque el hospital no está funcionando, y esta persona desarrolla sepsis o shock y entonces muere, esa es una muerte que debe atribuirse al desastre”, dijo Jorge Gabriel Rosado González, un pediatra de 30 años que ayudó a organizar una clínica gratuita en Toa Baja. Esta clínica atendió a 2,000 pacientes incidentales solo en octubre. “Las personas están muriendo porque no se les proporciona atención médica adecuada. Los administradores del hospital no te van a decir que es verdad. Pero es verdad.”

A fines de septiembre, Tom Bossert, asesor de seguridad nacional de Trump, envió un correo electrónico a sus colegas de la Casa Blanca presentando una estrategia de comunicación para las próximas semanas. Primero sería “estabilizar … los servicios gubernamentales básicos, incluido el poder temporal”. Luego vendrían la “restauración” y la “recuperación”. “La energía se está restaurando en los hospitales”, escribió.

Bossert escribió este correo electrónico una semana después de que Centro Médico solicitara un nuevo generador para operar su sala de emergencias. A las tres semanas, poco después del mediodía del 20 de octubre, los generadores existentes se apagaron, dejando la sala completamente a oscuras, con la excepción de algunas luces de emergencia. Los cirujanos utilizaron las linternas de sus teléfonos celulares para terminar de coser a los pacientes que estaban siendo operados. Mantuvieron los respiradores encendidos con baterías de respaldo, mientras los médicos se apresuraban a trasladar pacientes en estado crítico a edificios cercanos.

Juan Robles González, ingeniero en jefe de ASEM, se precipitó a la planta de energía para ver qué había salido mal. Durante más de media hora, él y su equipo de ingenieros trabajaron para diagnosticar el problema. “Fue una pesadilla”, me dijo Robles González. “Estás pensando en todas las personas que están conectadas a las máquinas que están conectadas a la electricidad”. Finalmente, localizaron el origen del problema: dos baterías de 24 voltios se habían movido desde el generador 1 que estaba roto a otros generadores ubicados en otras partes del complejo, a pesar de que éstas habían estado proporcionando energía a un panel de control que gobernaba los Generadores 2 y 3. Uno de los hombres de Robles González salió corriendo para recuperarlos. “Cuando el generador volvió a funcionar, el ruido fue como música para nuestros oídos”, dijo Robles González. Todavía había un disyuntor y un fusible fundido que debían ser reparados en el generador 2, lo que resultó en otras tres horas de oscuridad en el hospital y servicio limitado de emergencias antes de que volviera a funcionar.

Según el registro oficial de la planta, ASEM pasó 35 minutos en completa oscuridad. Durante ese tiempo, Kermith Ayala Muñiz, un cirujano residente, publicó en Facebook una transmisión en vivo. Había pasado más de un mes desde María. Ya había tenido suficiente. “Esta es la cuarta vez que las luces se apagan hoy”, dijo. “Los pacientes se someten a cirugía y están siendo operados con linternas”.

“Estaba frustrado”, me dijo Muñiz cuando me encontré con él frente a una de las cafeterías del hospital. “Tenía que decir algo”. Sin embargo, se resistió a dar más detalles. Dos días después de la publicación de Muñiz, durante la mañana del 22 de octubre, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército llegó a la planta de energía con un nuevo generador Caterpillar. Habían pasado treinta días desde que el Centro Médico lo solicitó inicialmente.

José Cheo Ortiz, el tío de Milly, administrador de restaurantes y organizador comunitario, logró volar a San Juan desde su casa en Oakland, California, una semana después de la tormenta. Trajo cajas de comida y linternas y $ 3,000 en efectivo. El problema más urgente, descubrió, era el hambre. Organizó a un grupo de restaurantes localizados en Levittown para donar 200 cajas de almuerzos al día. Luego, mientras su sobrina dormía en su auto al lado de la cancha de baloncesto, se dispuso a sacar el lodo y los muebles en ruinas del primer piso de su casa. “Era un cascarón vacío”, dijo. “Había basura en la calle y animales muertos por todas partes: caballos, vacas, patos, gallinas, todo”.

Cuando Milly por fin regresó con su familia a Villa Calma a fines de octubre, su casa fue una de las primeras en regresar a una apariencia de orden. Algunos de sus vecinos dormían en carpas dentro de las salas de sus casas. En su calle, vio a madres cavando a través de pulgadas de barro agrietado y apelmazado para buscar ollas, sartenes y los juguetes de sus hijos. Montones de escombros llenaban las calles y atraían hordas de mosquitos, que crecían rápidamente en los charcos de agua estancada.

María reclamó una cuarta vida en Toa Baja. Jesús Miranda Matos, un joven de 18 años, había trabajado diligentemente durante el esfuerzo de limpieza, recogiendo escombros y repartiendo agua. Al poco tiempo murió de leptospirosis, una infección bacteriana causada por el contacto con la orina de los animales. Actualmente hay más de 70 casos sospechosos en Puerto Rico y dos muertes confirmadas.

Los muertos continuaron acumulándose durante el mes de octubre. FEMA trajo 11 furgones refrigerados al Instituto de Ciencias Forenses de San Juan para contener el exceso de cadáveres. Los especialistas del Ejército atendían los cadáveres de civiles estadounidenses muertos, les limpiaban las heridas y los preparaban para la autopsia. “Es un honor”, dijo el sargento Luis Quiñones, quien también creció en Puerto Rico. “Nunca pensé que lo haría aquí en casa”. El gobierno aún no había determinado la causa de muerte de 313 de los fallecidos en septiembre, sin mencionar los 527 de octubre. Durante los dos años anteriores, las muertes por causas desconocidas fueron de un solo dígito en ambos meses.

Noviembre

Una mañana de principios de noviembre, me senté en el lobby climatizado del instituto mientras, una por una, familias llorosas formaban grupos para identificar a sus parientes y firmar la documentación necesaria. Iris Báez Lugo, una mujer de mediana edad de San Germán, salió por la puerta tras identificar el cadáver de su hermano Héctor, de 57 años. Murió, me dijo, mientras recibía tratamiento para quemaduras en Centro Médico. Ella había tenido noticias de la funeraria sobre un incendio en una casa donde él había estado trabajando, pero no sabía qué fue lo que comenzó el fuego o cómo lo llevó a la muerte. “No sé nada”, dijo. “Me dijeron que murió. Pero no dijeron cómo”.

Otro caso que esperaba un veredicto del instituto fue el de José Pérez Santiago, un hombre de 55 años con trastorno bipolar que alguna vez tuvo una carrera prometedora en la industria cinematográfica de San Juan. Vivía solo y había hecho todo lo posible por mantener buen ánimo. Cantaba canciones de salsa y bomba con un micrófono, estilo karaoke, y unas bocinas que recargaba con el generador de un vecino. La sensación de crisis pareció darle energía, lo que preocupaba a su hija Gabi. “No tenía acceso a sus doctores o medicamentos”, me dijo. “Noté un cambio importante en su comportamiento. Estaba más agresivo y confundido”.

El 25 de octubre, la hornilla portátil de Pérez Santiago se quedó sin propano, así que cargó el tanque vacío en su camioneta y se dirigió a la ferretería, donde la cambió por una recargada. Puso el nuevo tanque a su lado en la cabina, en el asiento del pasajero. Camino a su casa, el gas se filtró y prendió. Su cuerpo se incendió. Murió una semana más tarde en Centro Médico, donde había contraído una infección. (Después de María, las muertes por sepsis, que pueden ser causadas por infecciones en hospitales no estériles, aumentaron en un 50 por ciento). “En lugar de una fase de recuperación, todavía estamos en una emergencia”, me dijo su ex pareja Julia. “Casi dos meses después de la tormenta. Es inaceptable “.

Pérez Santiago tenía un primo de 40 años, Milton Molina, quien murió por causas más misteriosas, pero también difíciles de separar del huracán. La esposa de Molina oyó gritos en el baño y lo encontró colapsado en el piso. El huracán había traído estrés a su vida. Los padres de la mujer habían perdido sus hogares y se habían mudado con ellos. La noche anterior, todos se habían reunido en la sala de estar y se divertían jugando dominó. “Él cargaba a toda la familia”, dijo su hermano Joel, un soldado del Ejército estacionado en Alemania que pudo viajar para asistir al funeral. El instituto había devuelto el cuerpo de Molina a la familia, pero se quedaron con sus órganos internos para seguir estudiando el caso. “No hemos tenido ninguna conclusión”, dijo Joel. “No ha habido ninguna explicación sobre lo que sucedió”.

Dos meses después de la tormenta, era evidente que los esfuerzos de recuperación más vigorosos se concentraron alrededor de la capital. Muchas tiendas abrieron sus puertas, incluido el lujoso Mall of San Juan. Con pocos semáforos encendidos, los conductores todavía improvisaban giros a la izquierda en cuatro carriles de tráfico. Pero las condiciones eran mucho mejores que en muchas zonas rurales, donde la única ayuda disponible era agua embotellada y raciones militares en las alcaldías.

En Villa Calma, Milly acomodó a sus hijos en literas, a la vez que su propia casa se convertía en un refugio. Su operación de ayuda se estaba volviendo más organizada. Se organizaron brigadas de voluntarios por WhatsApp para limpiar las casas de los vecinos. El agua potable todavía era un problema, sin embargo. A veces el agua de la llave llegaba sucia. Otras veces se iba por completo y Villa Calma tenía que depender del agua embotellada y de lo que la gente lograba recolectar de la lluvia. Milly repartió a sus ayudantes en cada cuadra cuatro cisternas de filtración del tamaño de una cubeta, y otra a su vecina Luisa, quien había convertido su propia casa en una cocina comunitaria.

En todo Puerto Rico, las privaciones de la crisis se establecían como una realidad más permanente, y las personas afectadas se adaptaban a sus nuevos arreglos de vida. En el municipio de Orocovis, encontré una unidad de cuidados intensivos improvisada en un edificio de un piso que anteriormente se alquilaba para bodas y quinceañeros. En el interior, separados por sábanas colgadas de las tuberías, siete pacientes ancianos encamados luchaban por vivir con la ayuda de respiradores y máscaras de oxígeno. Antes del huracán, habrían permanecido en casa atendidos por familiares. Ahora estaban a millas de distancia de sus hogares, su existencia a merced de la habilidad del alcalde de proporcionar combustible de forma constante a un ruidoso generador.

“No se puede pensar en lo que va a pasar mañana o cuándo va a terminar esto”, dijo Angelita Torres, una mujer de unos 60 años que visitaba a su madre de 98 años. Ella se estaba quedando con su hija a una hora en carro, después de haber perdido su propia casa en el huracán. Ella y su madre planeaban mudarse a un lugar cercano, dondequiera que la electricidad volviera primero.

Más al oeste, en el municipio de Utuado, el pastor Félix García notó que la asistencia a sus servicios dominicales se había reducido a la mitad. Algunos de sus feligreses habían abandonado la isla. Otros ya no podían gastar ni gasolina ni tiempo.

Un día, García me llevó a visitar una de las casas más humildes de su comunidad, donde nueve miembros de la familia extendida de Esther Serrano estaban apiñados en cuatro habitaciones sofocantes junto una carretera de la montaña. A los 72 años, Esther se hace cargo de tres hijos adultos con discapacidades mentales, y un cuarto, y un cuarto hijo, Ismael, que tiene epilepsia y vive confinado a su cama. Sin embargo, ella se siente afortunada. El Espíritu Santo había entrado en su cuerpo en medio del huracán, dijo ella. “¡Estoy aquí!”, había gritado. “Estoy aquí! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Te protegeré!” El huracán había salvado la casa de Esther pero arrancó el techo de la casa de al lado, que pertenecía a su hija Ruth, así que ella y su esposo tuvieron que volver a vivir a la casa de su madre. Esther estaba cocinando sobre trozos de madera y lavando ropa a mano. En la habitación contigua, Ismael miraba sin palabras al techo, agarrando fuertemente un peluche de león. Un grupo de la iglesia les había donado un generador a los Serrano, pero solo podían permitirse el lujo de encenderlo durante unas pocas horas al día. En medio del asfixiante calor de la tarde, Esther trató de mantener fresco a Ismael con baños de esponja.

A pocos pasos de los Serrano, un grupo de trabajadores se había juntado para reconstruir un puente de concreto. Habían asumido la responsabilidad del trabajo, utilizando donaciones de la comunidad y su propia mano de obra gratuita. Uno por uno, levantaron rocas del lecho del río y las clavaron en una red de viejas barras de refuerzo. “No puedo culpar a nadie por la tardanza”, dijo su organizador, José Pérez Pagán. “Hay 14 puentes en Utuado. Tal vez este es el último que pueden arreglar. Ahora seremos los primeros. El alcalde tendrá que venir a celebrar con nosotros”.

A mediados de noviembre, el USNS Comfort empacó y se fue, junto con Jeffrey Buchanan, el general de tres estrellas enviado para liderar los esfuerzos de recuperación. “Creo que estamos en el lugar correcto para la transición”, le dijo a CNN. Había pasado más de un mes desde que Trump expresó que su interés en Puerto Rico se estaba agotando. “No podemos mantener a FEMA, los militares y los “First Responders” … en P.R. ¡para siempre!”, escribió en Twitter a primera hora una mañana de octubre. Cumplió su promesa tres días antes de Acción de Gracias.

Unos días más tarde, hablé con José E. Sánchez, quien dirige los esfuerzos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para restaurar la electricidad de la isla. Le pregunté cuándo se restablecería la electricidad en las zonas rurales más remotas. Sánchez no quiso responder. Señaló que algunas de las reparaciones más importantes solo pueden realizarse en helicóptero. Whitefish Energy Holdings, la pequeña compañía de Montana que ganó el contrato inicial de $ 300 millones para arreglar la red de Puerto Rico, está en proceso de cerrar sus operaciones después de que se descubrió que estaba cobrando más de $300 por hora por el trabajo de los linieros. (Aún no se ha determinado exactamente cómo esta compañía relativamente desconocida, con vínculos conocidos con el gabinete de Trump, ganó el contrato más lucrativo y crítico durante los primeros días de la recuperación). A fines de diciembre, la general Diana Holland dijo que el objetivo del Cuerpo era restaurar el servicio completamente en toda la isla a fines de mayo. Pero Sánchez me informó que status.pr, un sitio web del gobierno local, ofrece una visión demasiado optimista de la recuperación de la red. El sitio mide el progreso en términos de la capacidad de megavatios, que actualmente es más del 60 por ciento. Pero olvida de mencionar que la recuperación se ha concentrado alrededor de las ciudades principales y sedes industriales, y que más de la mitad de los clientes de la AEE siguen en la oscuridad. “La gente en el continente puede echar un vistazo a ese sitio y creer que las cosas van bien”, dijo Sánchez. “Pero no van bien.”

Diciembre

La respuesta de Trump al huracán María ha tenido éxito en un aspecto: sacar a Puerto Rico de las noticias. Al principio, su descripción del huracán bordeaba la fanfarronada: “Fue una de las tormentas más serias que nadie haya visto”, dijo al día siguiente. A medida que aumentaba la crítica sobre su manejo de la crisis, convirtió la magnitud del trabajo en una excusa para no hacerlo, quejándose de lo difícil que era enviar suministros a una isla, de lo devastadora que había sido la tormenta, de lo injusto que era juzgar su respuesta a partir de imágenes de devastación.

Trump se instaló rápidamente en una estrategia de desviación. Las bajas, dijo, no estaban siquiera cerca del saldo de muertos de Katrina. Si hubo retrasos, se debieron a que el gobernador de Puerto Rico aún no había presentado una solicitud formal. Si hubo escasez de suministros, se debió al vigor de los esfuerzos federales en curso en Florida y Texas. Si la electricidad aún no se había restablecido, era culpa del despilfarro del gobierno de Puerto Rico. “Puerto Rico sobrevivió a los huracanes”, tuiteó Trump en octubre, citando a un comentarista conservador. “Ahora enfrentan una crisis financiera creada por ellos mismos”. Actualmente, Trump apenas habla de la isla. “Lo están haciendo bien allí y se está sanando y está mejorando”, dijo el 29 de noviembre, la última vez que mencionó a Puerto Rico. Parece no darse cuenta de que la crisis no ha terminado todavía o de que las muertes causadas por el huracán María en realidad nunca se han detenido.

La situación continúa igual en gran parte del país. Entre las muchas desgracias que afectaron a Puerto Rico este año, tal vez la más irritante sea la invisibilidad. Debido a su aislamiento, su falta de representación política y el número engañosamente bajo de víctimas contadas en los primeros informes, la isla se desvaneció casi por completo de la conciencia pública durante todo el otoño. En la actualidad, solo hay 5.405 empleados federales brindando asistencia. El gobernador Ricardo Rosselló había prometido que la electricidad se restablecería en un 95 por ciento de la isla antes del 15 de diciembre, pero esa fecha límite caducó sin hacer ruido. El 20 de diciembre, el Congreso aprobó un proyecto de ley de impuestos que someterá a las empresas en Puerto Rico a impuestos más altos que sus contrapartes en Estados Unidos continental. “Muchos senadores y congresistas visitaron Puerto Rico y prometieron su apoyo. Pero cuando llegó el momento de apoyar a Puerto Rico, básicamente se retractaron”, dijo Rosselló sobre el proyecto de ley, advirtiendo que generará menos empleos y más reubicaciones. Ya se han ido de la isla más de 200,000 puertorriqueños. Un estudio estima que 470,335 - 14 por ciento de su población actual- se habrá marchado en 2019.

Quienes se quedan, enfrentarán los desafíos de la recuperación principalmente por sus propios medios. Según se acercaba la Navidad, el barrio de Villa Calma seguía siendo un mosaico de oscuridad y escombros cubiertos de barro. Muchas casas todavía estaban vacías. Los vecinos enfermos y ancianos a veces desaparecían, y tomaría semanas reconstruir lo que les había sucedido. La escuela estaba abierta de nuevo, pero los estudiantes, sin luz, tenían problemas para hacer muchas tareas después de las cinco de la tarde. Se distribuyeron 15 generadores entre las 300 familias del vecindario. Por la noche, la gente se reunía alrededor de las luces de las tiendas y los bares a lo largo de la carretera. Los propietarios ofrecen extensiones eléctricas para uso de sus clientes.

La reconstrucción ha resultado ser agotadora. Una residente, una mujer llamada Maribel Villalobos, perdió el techo con el huracán y tuvo que pedirle a un vecino que la dejara mudarse a su casa con nueve miembros de su familia extendida. Su hijo había sido disparado en la mano con una pistola de perdigones mientras caminaba en la oscuridad. Su esposo se había roto la pierna en tres lugares mientras intentaba arreglar el techo; trabajaba para el municipio en un camión de basura y ahora ya no podía conducir. Ambos hombres tuvieron complicaciones después de esperar semanas por  cirugía. Le pregunté a Villalobos si el gobierno había sido de alguna ayuda. “Injusto”, respondió ella con ira disimulada. Contó que FEMA le había dicho que no podía hacer nada con respecto a su techo porque ella tenía los papeles de compra para la propiedad, pero no tenía un título. Este fue un problema común en Villa Calma. Hilda Vilá, socióloga, hizo un censo del vecindario y descubrió que casi todas las 118 familias eran dueños de sus casas pero carecían de escrituras. A mediados de noviembre, solo 23 familias habían recibido dinero de FEMA, en uno de los vecindarios más devastados por las inundaciones. En la mayoría de los casos, se trataba solamente de un depósito único de $500 para costear “necesidades críticas”.

De pie en su marquesina una tarde reciente, haciendo malabares con su teléfono celular y una lata de cerveza, Milly habló, con voz apresurada y ansiosa, sobre sus planes para el 2018. Quiere alquilar una oficina en un local cercano y sacar de su casa el almacén de ayudas. Quiere comenzar un programa para empatar familias de Villa Calma con familias en el continente. Quiere traer abogados voluntarios para que los vecinos obtengan las escrituras de sus propiedades. Incluso ha estado considerando poner una caseta de campaña y establecer un campamento de desobediencia civil frente a la casa del gobernador hasta que llegue ayuda real.

Mientras tanto, ella prepara las celebraciones navideñas de Villa Calma. Habrá una fiesta. En Nochebuena, los misioneros traerán un regalo para cada padre, de manera que los niños reciban algo la mañana siguiente. Al anochecer, todos se reunirán, rezarán y encenderán velas. “Ser luz en medio de la oscuridad,” dijo. Al otro lado de su balcón, visible desde la calle, Milly ya extendió una hilera de luces navideñas azules. Las colocó allí como una señal de que Villa Calma podrá trascender los rudimentos de la supervivencia. “El mensaje es: es Navidad”, señaló. “Gracias a Dios, estamos vivos. No morimos. Tenemos que seguir adelante”.

Traducción de Nicole C. Delgado Poueymirou. Reportaje adicional por Rebecca Banuchi.